La tarea legislativa está destinada a los órganos respectivos de los tres niveles del Estado. En esta era digital se debe legislar sobre la tecnología y con tecnología, pero también estamos ante el surgimiento de una generación de próximos legisladores que ya conviven con la inteligencia artificial.
La Constitución Política del Estado garantiza el desarrollo de la ciencia y la investigación técnica y científica en favor del interés general. Si bien hay avances normativos, no sería suficiente para el paso que marca la evolución tecnológica.
“Por ejemplo, en trámites ante entidades públicas, a través de la aplicación de ciudadanía digital se pueden hacer muchos trámites, pero, aun así, posteriormente se debe llevar la documentación en físico, lo cual es una falsa idea de mejorar la prestación del servicio mediante la innovación tecnológica”, afirma Jesica Rengel, docente de la carrera de Derecho, en la Universidad Franz Tamayo.
Luego de la primera ola de la pandemia por la covid-19, la comisión de Seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana del Senado instaló el sistema de notificación digital a sus integrantes. Así, la agenda llegaba a los legisladores por correo electrónico, pero no fue tan exitosa ya que varios servidores públicos no revisaban su mensajería.
Para evitar nuevos problemas es que la citación se compartía mediante grupos de WhatsApp, pero un par de los integrantes no revisaba la información. La situación era más complicada cuando debían sesionar de manera virtual, debido a que desconocían las plataformas usadas.
En Bolivia está vigente la ley de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación, que tiene el objetivo de establecer el régimen para el servicio postal y el sistema de regulación, uno de sus principios es precautelar la conservación del medioambiente.
La necesidad de regular el ámbito tecnológico y sus actividades tiene contadas iniciativas legales, una de estas está en el Código Penal, donde hay el capítulo de delitos informáticos. La ley de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación también reconoce el desarrollo de contenidos y aplicaciones de tecnologías de información y comunicación. En esa línea, Impuesto Internos ya regula el comercio electrónico, mediante resolución normativa del directorio.
Según Rengel, se podría innovar la práctica legislativa desde varios aspectos: uno de estos son los escenarios de participación ciudadana y del sector empresarial. “En el sentido de que por medio de espacios virtuales se puede llegar a más participación democrática para la generación de políticas públicas, rompiendo las barreras de espacio, cuando se emite una norma con incidencia en determinado territorio, sería propio que el sector pueda opinar sobre el alcance de la propuesta normativa”.
El segundo aspecto es la actualización y modificación de la normativa, respecto a la entrega de documentos físicos solicitados a los ciudadanos. “Es necesario que el legislador, sin importar el nivel del Estado, aproveche de las facilidades que conlleva el uso de innovación tecnología, aún nos encontramos en escenarios digitales paralelos a la tramitación regular, que los mantiene burocráticos con información que puede ser verificada o consultada a través de los sistemas tecnológicos que maneja el Estado”, sostiene Rengel.
El tercer aspecto de innovación tiene que ver con que muchas normas de larga data no contemplan la tecnología para su aplicación, lo que repercute en servidores públicos que no comprenden la evolución y mejora tecnológica en la aplicación de procesos que permitan mejorar la productividad.
Y el cuarto aspecto está relacionada con la generación normativa, más los actos administrativos que “no deben regular todas las posibles acciones a ser producidas, más al contrario, como deber del Estado es crear escenarios que permitan promover la generación e implementación de proyectos que empleen la innovación tecnológica disruptiva, sostenible e incluso radical”, afirma la académica de Unifranz.
Para la jurista entrevistada, la innovación tecnológica en el campo legislativo conviene asumirla desde una reingeniería y una necesidad de replantearse el desarrollo de la humanidad. Esto conlleva una autorreflexión “sobre nuestra forma de elección de autoridades, la innovación tecnológica es una realidad de aceptación necesaria del entorno, pero también requiere de mentes preparadas que puedan ser capaces de proponer e impulsar políticas públicas que permitan el desarrollo de problemas existentes con soluciones tecnológica”, enfatiza Rengel.
La nueva generación de legisladores se encuentra en la “fase embrionaria en las aulas”, que desarrolla mecanismos de aprendizaje con el uso de herramientas tecnológicas, para fomentar el análisis crítico y analítico, propositivo, de soluciones.
“De esta manera el estudiante de hoy, al ser el legislador de mañana, será capaz de comprender las necesidades del entorno y posibilidades de mejorar, en beneficio de la colectividad, más allá de dogmas políticos arraigados”, afirma la profesional.
Si bien el avance en la implementación de un gobierno electrónico tuvo importantes pasos, Rengel considera que se debe observar el correcto aprovechamiento de la tecnología; es así que no sirve de mucho tener una nube de información digital si las autoridades electas aún terminan con el folder de hojas impresas bajo el brazo.
Es necesario un openmind de los legisladores
El avance tecnológico parte de mejorar la comunicación; los legisladores deben desarrollar canales de comunicación para mejorar la participación de la población, de transparencia en la información y en las actuaciones, dice Rengel y agrega que se debe optimizar procesos, eliminar la burocracia, mejorar la productividad, reducir costos, contratar personal capacitado.
Varios legisladores apelan a la innovación tecnológica, pero de manera personal y con el fin de masificar su imagen de campaña política. “La visión es llegar a una innovación tecnológica sostenible, que involucre el desarrollo económico y social, precautelando siempre el medio ambiente”, afirma la académica de Unifranz.
Con esta visión, sí se hace inevitable adecuar algunas normas a la innovación tecnológica, que pueden mejorar o remplazar un proceso, “significa que el fin es mejorar lo que tenemos ahora y esto es a través de un openmind y verdadera voluntad política, por parte de los legisladores. Esto debe darse a través de la concientización y talleres que ayuden a que el legislador capte la imperiosa necesidad de innovar”, agrega la entrevistada.
Con todo, la innovación tecnológica debe ser asumida como una prioridad. La inteligencia artificial ya es una herramienta en varios ámbitos, pero en la actividad legislativa, no responde a representar al soberano, la democracia del voto y menos a conocer la realidad de la población boliviana, sostiene Jesica Rengel.
