En octubre de 2021, los medios de comunicación informaban sobre una estafa piramidal virtual y millonaria. A nivel nacional superan las 3.000 víctimas de la estafa. El ciberdelito había sido cometido desde la aplicación Ishop, que funcionaba desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Este caso de estafa, es solo una más de las nuevas formas delictivas que han surgido en los últimos años. Los delincuentes recurren a la tecnología para cometer sus crímenes. Es la ciberdelincuencia.
William Llanos Torrico, docente de la materia de Derecho Informático en Unifranz, sostiene que en Bolivia la ciberdelincuencia es más conocida como delincuencia informática y está tipificado como delito informático.
Ciberdelitos más recurrentes
Primero, están las amenazas, difamaciones y coacciones. Luego está el fraude o estafa informática y, en tercer lugar, el grooming o acoso sexual a menores de edad.
Delitos informáticos, en la lupa de los países
Sin embargo, la utilización de las técnicas informáticas ha creado nuevas posibilidades del uso indebido de las computadoras, lo que ha creado la necesidad de mayor regulación por parte del derecho.
Los avances tecnológicos exigen que los profesionales del derecho tengan los conocimientos necesarios para adaptarse a la realidad existente.
En 2019, en la 7ª Conferencia sobre Ciberdelincuencia de Europol e Interpol, expertos en la materia debatieron las amenazas, las tendencias y las estrategias detectadas más recientemente en este ámbito.
En esa oportunidad, Interpol identificó nuevas formas de delitos a través de la inteligencia artificial, como usos de la tecnología 5G, acceso transfronterizo a pruebas electrónicas, los obstáculos a la cooperación internacional en investigaciones, la importancia del desarrollo de capacidades para combatir la ciberdelincuencia, las tendencias y los retos de las criptomonedas, el uso de inteligencia de fuentes abiertas y la privacidad.
El impacto de las nuevas tecnologías está dando lugar a profundas transformaciones y el derecho debe responder ante estas nuevas relaciones, que deben entenderse de ambos sentidos; es decir, la informática al servicio del derecho y el derecho regulando las actividades emergentes de la informática.
